Un informe de la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI), ha puesto en evidencia graves irregularidades en el uso de combustible en la Municipalidad Provincial de San Pablo. Según el informe, el vehículo con placa BMR-940, registrado a nombre de Saida Roxana Valencia Huamán, recibió un total de 219 galones de combustible entre enero y junio de 2024, sin la justificación adecuada y en contravención a las normas municipales.
El combustible fue suministrado de forma escalonada: en enero, 17 galones; en febrero, 29 galones; en marzo, 36 galones; en abril, 20 galones; en mayo, 55 galones; y en junio, 62 galones. Este abastecimiento se realizó bajo la autorización del jefe de logística de la municipalidad, quien justificó la entrega como "situaciones urgentes". Sin embargo, los vales emitidos carecían de información completa, como el registro de placas, lo que dificulta el control del uso de los recursos públicos.
Una investigación adicional reveló que Saida Roxana Valencia Huamán es gerenta de CONSTRUCTORA LC S.R.L., empresa con número de RUC 20603801211, dedicada a la fabricación de productos metálicos para uso estructural. Entre 2023 y 2024, la empresa cobró 40,238 soles por servicios contratados por la municipalidad. Este vínculo no fue abordado en el informe oficial, a pesar de que podría señalar un posible conflicto de interés, considerando que el vehículo particular de una contratista fue beneficiado con recursos municipales.
El caso también pone en el centro de atención al alcalde de San Pablo, Pablo Alfonso Romero Moza, bajo cuya gestión ocurrieron estas irregularidades. Ciudadanos y líderes locales han manifestado su preocupación y han exigido que se investigue si existió un beneficio indebido hacia la empresa de Valencia Huamán, así como una revisión exhaustiva del manejo de los bienes municipales para garantizar transparencia.