Por compra irregular de compactadoras, Fiscalía cita a alcalde y funcionarios de Los Baños del Inca

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Karina Cerdán Pastor, ha iniciado una investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en el marco de la cuestionada compra de dos camiones compactadores y un minicargador por parte de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca. Según la Contraloría General de la República, este proceso habría generado un perjuicio económico al Estado de S/ 131,898. Como parte de las diligencias fiscales, deberán declarar ante el Ministerio Público los funcionarios Miguel Ángel Torres Tapia, Eddson Mostacero Alva, Fátima Vigo Gonzales, Deciderio Cavero Ñáñez, Carlos Cholán Alvites, Alberto Bringas Pérez y Juan Alfonso Vega Ortiz, quienes habrían tenido participación directa en el proceso de licitación y ejecución contractual. La investigación también alcanza al alcalde Jaime Mantilla Silva, a todos los regidores del concejo municipal, al representante legal de la empresa adjudicataria MSA Automotriz S.A.C., Paolo Malaver Salazar, quiénes tendrán que declarar ante la fiscalía. Tambien emitirá su manifestación Susana Drago Riofrío, supervisora del Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad, quien identifico las irregularidades en adquisición de los vehículos. El informe de la Contraloría señala que la municipalidad de Los Baños del Inca, aceptaron vehículos con características diferentes a las ofertadas, sin certificación de fábrica ni validación técnica, se omitieron penalidades por incumplimiento y se aprobaron ampliaciones de plazo sin sustento, todo ello sin contar con la autorización formal del titular de la entidad. Para determinar la magnitud del daño económico, la Fiscalía ha designado como perito contable a la contadora Carla Quiroz Saldaña. Entre hoy y mañana, el alcalde, los funcionarios implicados, los regidores y demás investigados deberán rendir su declaración ante la fiscalía. Esta investigación podría derivar en graves responsabilidades penales y administrativas para las autoridades y servidores públicos involucrados.